IDEAS

La trampa de imponer la igualdad: cuando buscar el mismo resultado termina perjudicando a todos

La promesa de que el Estado puede garantizar que todos tengan lo mismo resulta atractiva. El problema aparece cuando, para conseguirlo, comienza a controlar precios, decisiones e incentivos y termina generando consecuencias opuestas a las que buscaba evitar.

La igualdad es uno de los conceptos más utilizados para justificar una mayor intervención del Estado. Pero existen dos ideas muy diferentes detrás de esa palabra. Una cosa es defender que todas las personas sean iguales ante la ley y tengan libertad para desarrollar su propio proyecto de vida. Otra muy distinta es pretender que el poder político garantice que todas lleguen al mismo resultado.

El mercado de alquileres permite observar esa diferencia. Cuando el Estado establece límites artificiales sobre los precios, quienes ya consiguieron una vivienda regulada pueden verse beneficiados. El problema aparece del otro lado: si ofrecer una propiedad resulta menos atractivo, algunos propietarios retiran unidades del mercado y se reducen los incentivos para aumentar la oferta. Quienes todavía están buscando vivienda pueden terminar enfrentándose a un mercado más chico y con menos alternativas.

No es solamente una discusión teórica. Una investigación publicada en American Economic Review encontró que la expansión del control de alquileres en San Francisco benefició a inquilinos que ya ocupaban viviendas reguladas, pero los propietarios afectados redujeron un 15% la oferta de alquiler. Una amplia revisión de la evidencia empírica publicada en 2024 concluyó que estos controles consiguen reducir los alquileres de las viviendas alcanzadas, pero también pueden provocar menor movilidad, deterioro de la oferta y reducción de la construcción residencial.

Ahí aparece la paradoja del igualitarismo: para intentar garantizar resultados similares, el Estado necesita intervenir cada vez más sobre las decisiones de las personas. La alternativa liberal no consiste en negar las desigualdades, sino en defender otra igualdad: la igualdad ante la ley. Porque una sociedad libre no necesita que todos terminen en el mismo lugar, sino que nadie tenga menos derechos y que cada persona conserve la libertad de progresar, elegir y construir su propio camino.